Lo que le faltó aclarar a la Fiscal General en su informe de gestión 2015 ►

Sí. Por primera vez desde 2013 una autoridad venezolana reveló la temeraria cifra de la cantidad de asesinatos que hubo en el país: 17.778. Pero, para especialistas en el área de la criminología la Memoria y Cuenta para 2015 de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, tiene vacíos importantes.

¿Ese número neto de homicidios incluye las muertes por resistencia a la autoridad? ¿Esas 11.528 investigaciones abiertas por uso indebido de armas de fuego incluye las que están en manos de los presos? ¿Cuántas personas fueron acusadas por homicidios, robos, secuestro y extorsión? ¿Cuántas investigaciones hay por secuestro? ¿Cuántos fiscales hay y cuántos de ellos son provisorios?

Keymer Ávila, criminólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e investigador del Instituto de Ciencias Penales, celebró que el silencio oficial haya terminado con las cifras de Ortega Díaz. “Dentro de lo lamentable y preocupante de la cifra, hay que reconocer que darla fue valioso y valiente”, manifestó.

Puntualizó que el dato presentado ante la Asamblea Nacional el pasado 2 de febrero debe ser revisado, pues el número de homicidios debe incluir los homicidios por intervención de la policía.

“La tasa de homicidios es un dato que se utiliza para medir la violencia a nivel internacional. Esa tasa de homicidios se levanta incluyendo las muertes por resistencia. Entonces para tener una verdadera comparación con otros países, hay que saber si esos 17.778 homicidios dolosos incluye la categoría”, explicó el criminólogo e investigador y recordó que estas informaciones deben ser analizadas con cuidado para evitar confusiones entre muertes violentas (se cuentan accidentes, suicidios, muertes por inmersión y por causas a determinar) y homicidios.

Ávila sostiene que aún sin realizar la revisión la tasa de homicidios de 58,1 por cada 100.000 habitantes, señalada por la FGR, es alta: por encima del promedio mundial según la ONU (8 muertes por cada 100.000 habitantes) y arriba del promedio de Latinoamérica (28 muertes por cada 100.000 habitantes).

Con el profesor de la UCV coincidió Fermín Mármol García, también criminólogo, quien calificó como un fracaso las políticas de seguridad implementadas en los últimos dos gobiernos. “Cuando inició la mencionada revolución, en Venezuela se registraban 5.400 homicidios. Después de 17 años, al menos sabemos que estamos sobre los 17.000. No es justo para los venezolanos”, dijo.

Mármol García cree que Ortega Díaz debe pronunciarse además por las diligencias que ha realizado el Ministerio Público para dar celeridad al retardo procesal y cuáles son los avances de esas actuaciones. También considera necesario que fije posición sobre el Plan de Pacificación, conocido como Zonas de Paz.

Tanto Mármol García como su colega Luis Izquiel apuntaron que el uso de armas de fuego para cometer homicidios reafirma la facilidad del tráfico de armas en el país. “Que la Fiscal reconozca que 82% de los homicidios se cometen con armas de fuego es preocupante. Esa no es la tendencia, en Europa y Asia la tendencia es ver asesinatos con armas blancas”, afirmó Izquiel.

Llamó a poner la lupa en la cifra de investigaciones abiertas por uso indebido de armas de fuego. Señaló que 11.528 expedientes en esta materia no sería un logro, pues “probablemente esa es la cantidad de armas que tienen penales como la PGV de Guárico y Tocorón de Aragua”.

Para él, la presentación de la Fiscal no contiene, a diferencia de los años anteriores, los actos conclusivos sobre delitos comunes, corrupción y violación a los derechos humanos. De igual forma, expuso que Ortega Díaz no dio información sobre la cantidad de fiscales provisorios que existe en el ente que dirige desde hace ocho años.

“Trató de escurrir el bulto de la impunidad. Lo que hizo fue diluir las responsabilidades en la policías, diciendo que están penetradas por la corrupción, y también en el poder judicial. Fue como decir que toda esta impunidad no es mi culpa solamente”, comentó Izquiel.

El dato oculto de la Memoria y Cuenta

En el informe colgado en la página web del Ministerio Público se reveló que solo durante los Operativos de Liberación y Protección al Pueblo (OLP)fueron ultimadas 245 personas en los últimos seis meses de 2015, las cuales estarían siendo investigadas por el organismo.

Señala además que Carabobo, Bolívar, Caracas, Miranda y Falcón fueron “los estados que presentan las cifras más altas por intervención de las OLP”.

“Provea tiene un seguimiento de 25 años a casos de homicidios por resistencia a la autoridad que llegan a los medios. En ese estudio hay un promedio anual de 163 casos. Esto significa que el poder ilimitado de los cuerpos de seguridad está llegando a niveles en los que todos podemos correr peligro”, advirtió Ávila.

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