.@amnistia Rosmit Mantilla en riesgo de ser trasladado a cárcel de presos comunes ►

Amnistía Internacional ha lanzado una acción urgente a nivel mundial a favor de Rosmit Mantilla:

PRISIONERO DE CONCIENCIA EN PELIGRO

El miembro de la oposición, activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y prisionero de conciencia, Rosmit Mantilla, está en riesgo de ser transferido a una cárcel de delincuentes comunes donde su integridad física podría estar comprometida.

El 20 de enero, los abogados de Rosmit Mantilla hicieron saber que la fiscalía que lleva su caso ha solicitado que sea transferido a una prisión de delincuentes comunes debido a un incidente ocurrido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, donde actualmente se encuentra privado de libertad. Un juez debe ahora aceptar o denegar el traslado.

De acuerdo a su abogado, el 15 de enero, Rosmit Mantilla y otros tres detenidos protestaron para exigir servicios de salud para otro recluso que no se sentía bien. Durante las protestas, las autoridades aseguran que los prisioneros dañaron cámaras de seguridad. A los cuatro hombres se les acusa de daños a dichas cámaras.

Las prisiones en Venezuela son famosas por su dureza y los abogados de Rosmit Mantilla temen que en caso de ser trasladado su integridad física pudiera estar en gran peligro, especialmente debido a que él es un reconocido activista a favor de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans.

Rosmit Mantilla, miembro del partido de oposición Voluntad Popular, se encuentra detenido en la sede del SEBIN desde el dos de mayo de 2014 por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese mismo año. Él es un prisionero de conciencia que no ha formulado ningún llamado a la violencia ni ha hecho uso de la misma, y los cargos de los que se le acusan carecen de evidencia sólida. Rosmit Mantilla debe ser liberado inmediata e incondicionalmente.

Por favor, escriban inmediatamente en español o en tu propio idioma:

  • Llamando a las autoridades a liberar a Rosmit Mantilla inmediata e incondicionalmente, puesto que es un prisionero de conciencia que no ha hecho uso ni ha llamado a la violencia, y se encuentra detenido sin evidencia fehaciente en su contra y los cargos de los que se le acusa están basados en razones políticas;
  • Solicitándoles que se aseguren de que mientras se encuentre detenido sea garantizado su derecho a la vida y a la integridad física;
  • Solicitándoles que lleven a cabo una investigación completa e imparcial relacionada con los alegatos de negación de cuidados médicos a los detenidos en la sede del SEBIN en Caracas, y que garanticen que todos los cargos en contra de Rosmit Mantilla y de los otros tres detenidos relativos a la protesta en exigencia de servicios médicos estén basados en evidencia fehaciente o que sean desestimados.

Por favor envíen sus mensajes antes del 4 de marzo de 2016 a:

Presidente
Sr. Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República
Final Avenida Urdaneta, Esquina de Bolero, Palacio de Miraflores
Caracas, Venezuela
Twitter: @NicolasMaduro
Tratamiento: Señor Presidente

Fiscal General de la República
Dra. Luisa Ortega Díaz
Edificio Sede Principal del Ministerio Público, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 578 3239
Email: ministeriopublico@mp.gob.ve
Tratamiento: Dra. Fiscal

Y copias a:
Defensor del Pueblo
Tarek William Saab
Defensor del Pueblo
Av. Urdaneta – Frente a El Universal
Centro Financiero Latino, Piso 27
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 5077025
Email: contacto@defensoria.gob.ve

Pueden descargar esta AAUU en inglés haciendo clic aquí

Informacion adicional

El Ministerio Público acusa a Rosmit Mantilla de los delitos de instigación pública, intimidación pública, obstaculización de vías, incendio de edificios públicos y privados, daños violentos y asociación para delinquir, en el contexto de las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo entre febrero y julio de 2014.

La acusación del Ministerio Público se basa en un testimonio anónimo que lo acusó de haber recibido dinero para financiar las protestas contra el gobierno y en las evidencias que el Servicio de Inteligencia indicó haber encontrado en su residencia, como panfletos llamando a las protestas y sobres de dinero.

Amnistía Internacional considera que el Ministerio Público no ha presentado evidencias que vinculen a Rosmit Mantilla con los delitos que se le imputan. Por ejemplo, basan su acusación por los delitos de instigación, incendio de edificios públicos y privados y daños violentos, en el hecho de que tenía en su posesión dichos panfletos llamando a las protestas en contra del gobierno.

El 30 de enero de 2015, tras 9 meses de detención preventiva y retrasos procesales, el juez a cargo del caso dictaminó que había evidencia suficiente para enjuiciar a Rosmit Mantilla y negó su libertad provisional. A casi un año de este dictamen, el juicio contra él avanza muy lentamente y existe preocupación de que se estén produciendo demoras indebidas.

El 6 de diciembre de 2015, Rosmit Mantilla fue electo miembro de la Asamblea Nacional, lo que le confiere inmunidad parlamentaria.

Las protestas que se llevaron a cabo en contra y a favor del gobierno entre febrero y julio de 2014, resultaron en al menos 43 muertes y 878 personas heridas, incluyendo aproximadamente 300 miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado del uso excesivo de la fuerza y violencia perpetrada por funcionarios del Estado, manifestantes antigubernamentales y grupos armados afines al gobierno. Varias víctimas fueron sometidas a torturas y malos tratos.

Además, 3.300 personas fueron detenidas, de las cuales la gran mayoría fueron liberadas, aunque cientos de ellas enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en actos violentos durante las protestas. Después de analizar la información presentada por el Ministerio Público en relación a un número de quienes aún se encuentran detenidos, Amnistía Internacional está en posición de confirmar que varias de las detenciones se han llevado a cabo arbitrariamente.

A pesar de las reformas en el sistema penal venezolano, las condiciones de las prisiones siguen siendo muy duras. La falta de acceso a la salud, comida y agua potable, condiciones sanitarias, sobrepoblación y violencia en las prisiones y estaciones de policía, continúan siendo una preocupación. Es este contexto, las autoridades encargadas de administrar las prisiones no están en capacidad de proteger los derechos de las personas privadas de libertad, como el derecho a la salud y a la integridad física. Levantamientos y protestas, que incluyen hacerse daño, para exigir mejores condiciones de reclusión, son frecuentes. Un buen número de prisioneros mueren o sufren heridas cada año producto de la violencia en las cárceles. Asimismo, el gran número de armas dentro de las prisiones sigue siendo motivo de preocupación.

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