#23JL 150.000 trabajadores esperan desde el año 2000 que el ME les cancele los intereses de mora.

ANDREA MONTILLA K.
23 DE JULIO 2015 – 12:01 AM

Por sexta vez este año un nutrido grupo de docentes, jubilados y pensionados provenientes de Miranda, Falcón, Aragua y Caracas protestó ayer ante la sede del Ministerio de Educación para exigir el pago de las prestaciones sociales que se les adeuda desde el año 2006 a más de 30.000 trabajadores del sector en todo el país.

Teodomiro Aguilar, presidente de la asociación civil Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, señaló que 150.000 trabajadores esperan desde el año 2000 que el ME les cancele los intereses de mora.

Aguilar indicó que el ministerio está violando el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece la obligación del patrono de cancelar las prestaciones sociales en un plazo no mayor a 5 días hábiles, luego de la ruptura de la relación laboral.

Pedro García, representante de la asociación civil por el Distrito Capital, aseguró que la deuda asciende a 10,5 millardos de bolívares. “El ministro Héctor Rodríguez le miente al país al anunciar en mayo que el presidente había aprobado 10 millardos para pagar las prestaciones. Al ministerio solo llegaron 5 millardos; no sabemos el destino del dinero restante”, denunció el docente.

Rodríguez informó recientemente la cancelación de la mayor parte de la deuda a los jubilados; sin embargo, ese grupo de maestros afirmó que solo se les ha cumplido de forma parcial. “Tenemos casos de compañeros que cobraron 10.000 o 15.000 bolívares por concepto de prestaciones. Eso es una burla y un atropello, la mayoría tiene 30 años de servicio, con posgrado; están clasificados como Docentes VI y tienen 54 horas de trabajo semanales. Tenemos derecho de disfrutar de nuestro patrimonio acumulado luego de muchos años de labor. Dimos nuestra vida a la loable labor de enseñar a leer y a escribir a los funcionarios que hoy trabajan aquí”, expresó Aguilar.

Los maestros anunciaron que continuarán llevando su protesta a otras instancias como la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, hasta ser atendidos.

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