Alto mando militar lanza advertencias contra los sidoristas

Un comando unificado para la coordinación de planes de empleo de la fuerza pública y labores de contrainteligencia fue instalado ayer en Ciudad Guayana por el Comandante Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general en jefe Vladimir Padrino López.

“No vinimos a reprimir a nadie, porque el Estado venezolano no es represor… todo el que se pone al margen de la ley se reprime a sí mismo”, comentó el funcionario para luego precisar que la FANB y cuerpos policiales del estado Bolívar trabajarán coordinados para impedir trancas y guarimbas.

Haciendo referencia a “los últimos acontecimientos” -la tomas de las vías de acceso y salida de Ciudad Guayana por parte de sidoristas que reclamaban la firma de un nuevo contrato colectivo- indicó que este plan fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro para garantizar la paz en la región.

“Vinimos a incorporar más fuerza y a prevenir cualquier actuación similar a la de los últimos días. El pueblo guayanés ha fijado una posición de rechazo contra estos actos”, acotó tras indicar que hoy arribarán 120 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adiestrados en tareas de orden público.

“Para garantizar la paz”

Durante el discurso ante la tropa en formación y luego ante los medios de comunicación que cubrieron el anuncio, el CEO de la FANB reiteró que el despliegue no es para reprimir, sino “prevenir, para garantizar la paz, garantizar el Estado de Derecho y velar por los derechos ciudadanos”.

A8Padrino

Padrino López comentó que hoy arribarán a Ciudad Guayana 120 funcionarios de la PNB adiestrados en tareas de orden público

Resaltó que el jefe del Comando Regional N° 8 (CORE 8) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), general de división Luis Roberto Arrayago Coronel, será el encargado de dirigir toda acción del comando unificado, ya sea a nivel de orden público o de contrainteligencia.

Padrino López explicó que de llegarse a realizar una acción de tranca o una manifestación violenta, los funcionarios actuarán bajo la premisa del uso progresivo y diferenciado de la fuerza y que primero irán los cuerpos policiales. La FANB actuará sólo si los primeros son rebasados.

“Las manifestaciones pacíficas y sin armas están garantizadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… y más bien nosotros las respetamos y protegemos; sin embargo estaremos atentos ante cualquier infiltrado o propio que pretenda generar violencia y caos”, finalizó.

Mientras el mundo sigue preocupado con otros temas, ahora con las crisis de Ucrania y Gaza, ayer con el Mundial de Fútbol, continúan dando la espalda a la instauración de un régimen completamente totalitario y asfixiante  en Venezuela, diario violador de los más elementales derechos humanos de sus habitantes y podrido en lo más interno de sus entrañas. El jueves 24 se removió un poco esa pasividad con la detención por las autoridades holandesas del conocido narco general, Hugo Carvajal, a requerimiento de Estados Unidos.

A escala internacional el problema venezolano, como pareciera, no puede constreñirse a que ya no están muriendo estudiantes como en febrero pasado ni que, con dificultades, la población puede encontrar algo que comer. Poco a poco, han ido desapareciendo las pocas rendijas existentes para que la población se manifieste y se dé el necesario rejuego de ideas propio de un sistema democrático.

Cada día son menos las ventanas abiertas. Basta ver el caso de Globovisión. Sin escrúpulo alguno continúa la restricción de importar papel para así terminar de ahogar a los diarios nacionales y regionales aún no cuadrados con el corrupto régimen.

A nivel de dirigencia política han ido destruyendo todo. A Henrique Capriles le socavaron las bases de su equipo de trabajo. A Leopoldo López lo encarcelaron y pareciera que sus antiguos aliados hasta se han olvidado de él; en retaliación por el caso Carvajal el mismo jueves 24 junto con Scarano y Ceballos, lo golpearon en la cárcel. Ahora se le sigue un absurdo proceso judicial que ni Perry Mason podrá lograr su absolución, porque ya Maduro, imitando a Chávez, dictaminó, cual juez que fuera, que Leopoldo tiene que pagar todos los crímenes que cometió.

El caso de María Corina Machado es similar. No se han atrevido a ponerla presa, porque podría ser un detonante a escala internacional. Sin embargo, despojada de su condición de parlamentaria sin proceso alguno,  con reiteradas amenazas de juzgarla y con prohibición de salir del país, la han convertido en prisionera en su propio país. Mientras el resto de la oposición dentro y fuera de la MUD, continúan la estéril discusión sobre que será primero: si el huevo o la gallina.

Mientras el panorama opositor no es del todo halagador, el sistema por necesidad tiene que terminar con el proceso de asfixia totalitaria que ha emprendido como forma única de poder subsistir, no sólo a opositores sino hasta su propia gente (Giordani y Navarro). Al acabarse los recursos, es menos lo que se dispone para continuar la corruptela. Hasta el mismo chavismo desaparece a medida que la gente se olvida de su creador y eso explica escasa concurrencia a  internas del PSUV hace unos días.

Sólo van quedando los duros civiles y militares, que sin importarles ni siquiera sus compañeros de 15 años, terminarán de repartirse las migajas, antes de que llegue la hecatombe final, que pareciera cerca con la inesperada detención en Aruba del Montesinos de Chávez,Semana dixit, Hugo “el Pollo” Carvajal.

Comparto criterio de que será esa ambición desmedida de poder y de riquezas lo que terminará de acabar al régimen, lo cual se podría acelerar con lo que cante el Pollo Carvajal, aunque Maduro diga que se la jugará por él. Carvajal, emboscado con la DEA por un supuesto boliburgués, negociará con las autoridades gringas, a fin de que le rebajen la pena. Allí terminará de arder Troya.

Doloroso y difícil desenlace le espera a Venezuela próximamente.

8 de estos nuevos casos son importados de las islas del Caribe y 21 sin antecedentes de salida del país. Con esto se eleva a 86 el número total de casos registrados hasta ahora

El Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del Director General de Salud Ambiental, Jesús Toro, informó que, entre el viernes 19 y sábado 25 de julio, fueron detectados 29 nuevos casos de fiebre causada por el virus Chikungunya.

El Doctor Toro explicó, que 8 de estos nuevos casos son importados de las islas del Caribe y 21 sin antecedentes de salida del país. Con esto se eleva a 86 el número total de casos registrados hasta ahora.

Acerca de los casos de transmisión local, señaló que 2 se ubican en Guárico, 2 en Carabobo y 17 en Aragua.

Indicó que gran parte de estos últimos son el resultado de la investigación epidemiológica realizada en un céntrico sector de Maracay y que están  relacionados con los dos primeros casos detectados en dicho sector.

Expresó que en los otros dos estados (Guárico y Carabobo), se inició la investigación epidemiológica para determinar si hay más personas infectadas y tratar de localizar a las personas que originaron la transmisión.

Con estos nuevos pacientes, suman 30 los casos de transmisión local registrados en Venezuela hasta la fecha, con 56 importados de las islas del Caribe.

Al referirse a la transmisión ocurrida en Vargas, Toro indicó que se efectuó un operativo masivo de eliminación  de criaderos y fumigación en el sector de Zamora de Catia la Mar, en el cual intervinieron más de 100 funcionarios, acompañados de la comunidad organizada en dos Consejos Comunales.

Nuevamente hizo énfasis en la prevención, refiriéndose en primera instancia a eliminar los potenciales criaderos, como cauchos abandonados, latas u otro recipiente que pueda contener agua blanca estancada, además de recomendar tapar los envases que contengan agua útil.

En segundo lugar, Toro exhortó, a acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, de presentar fiebre mayor a 39°C, dolor de cabeza, erupción mucocutánea fina en todo el cuerpo y lo más típico, dolores musculares y articulares. Recomendó no automedicarse; no consumir medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico o dipirona: “solamente se puede tomar abundante líquido, acetaminofén y guardar reposo”.

“Es importante, de haber viajado a algunos de los países en donde circula el virus, como República Dominicana o Haití, indicárselo al médico para tomar las previsiones del caso”, finalizó.

Los vuelos entre Venezuela y la isla se reanudaron luego de que el gobierno nacional levantó el cierre del espacio aéreo con Aruba

El cierre del espacio aéreo entre Venezuela y Aruba el viernes afectó a cientos de personas de varias nacionalidades, a pesar de que solo duró siete horas.

El portal Noticias Cla, de Aruba, informó que 520 pasajeros quedaron varados toda la noche en el aeropuerto de la isla porque sus vuelos no pudieron salir a Caracas.

Las aerolíneas, que no se consideraban culpables, no se hicieron responsables de gasto alguno causado por el inconveniente. Venezolanos entrevistados se quejaron de que no poseían  dinero suficiente.

La mayoría intentó esperar en el aeropuerto Reina Beatrix, pero las autoridades pidieron que abandonaran el lugar, que no tiene capacidad para tanta gente. Solo se permitió que se quedaran los niños, los ancianos y las mujeres.

Noticias Cla aseguró que el cantante Romeo Santos también se vio afectado. Se encontraba en Caracas y no pudo completar un vuelo a Aruba para dar conciertos en la isla este fin de semana, como estaba programado.

AP informó que la suspensión del cierre del espacio aéreo ocurrió luego de que el ministro de Justicia de Aruba, Arthur Dowers, se reunió durante horas con Francisco González, viceministro de Asuntos Exteriores de Venezuela.

El gobierno de la isla estaba preocupado por las cientos de personas varadas en su territorio. Los vuelos privados de empresas particulares también fueron readmitidos.

La oficina de prensa del aeropuerto de Maiquetía informó ayer en la mañana que el cronograma de conexiones entre Aruba y Caracas se cumplía “con normalidad”.

La aerolínea Laser anunció en Twitter que ayer habilitaría un vuelo especial para trasladar a los pasajeros afectados el viernes.

Avior, Insel y Aserca también reanudaron sus actividades. Aruba Airlines lo hará hoy.

Venezuela suspendió los vuelos el viernes a última hora, después de que una juez de Aruba decidió que el ex jefe de inteligencia militar de Venezuela Hugo Carvajal debía permanecer  detenido en la isla a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Todos se graduaron en la promoción General José Trinidad Morán, que egresó de la Academia Militar en 1990. El coronel Manuel Barroso, los tenientes coroneles retirados Carlos Arias Delgado y Eduardo Escalante Pérez y el general Félix Osorio están relacionados por una trama de negocios que se tejió durante 2012 e involucró a 2 importadoras de muy corta trayectoria para entonces: Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres. Barroso era presidente de la extinta Cadivi cuando la instancia liquidó más de 23,5 millones de dólares a ambas empresas, en las cuales los tenientes coroneles retirados fueron socios. Osorio no sólo era parte de la junta directiva de Cadivi, sino que también presidía la red gubernamental Mercal, que contrató a la primera sociedad mercantil como proveedor de atún importado de Ecuador. Las sedes de las compañías están cerradas o en remodelación y en ellas es difícil hallar a los dueños o directivos

El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012 más de 23,5 millones de dólares a 2 importadoras con apenas meses de existencia: Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, constituidas en junio y diciembre de 2010. Ambas empresas, de acuerdo con sus expedientes mercantiles, eran propiedad de un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar: el teniente coronel Carlos Arias Delgado. La primera de las compañías no sólo obtuvo divisas preferenciales, sino que también logró 16 contratos para proveer atún ecuatoriano a la red gubernamental Mercados de Alimentos, Mercal, presidida por el entonces coronel Félix Osorio, quien egresó en la misma promoción que los otros 2 y para la época era integrante de la directiva del organismo cambiario, instancia colegiada que decidía sobre las entregas de moneda extranjera a empresas solicitantes.

Un cuarto oficial retirado se asoció con Arias Delgado en la segunda de las firmas antes de finalizar ese año de aprobaciones millonarias de dólares: fue el teniente coronel Eduardo Escalante Pérez. Casualidad o no, igualmente se graduó con los demás y antes de sumarse al mundo empresarial fue gerente de Importaciones y Seguimiento y vicepresidente de Administración y Control en Cadivi a la orden de sus compañeros de armas.

Juntos podrían conversar en un reencuentro acerca del poder que ejercieron: unos aprobaban divisas, otros importaban bienes y los demás podían decidir o liderar procesos de contratación con el Estado. Los cuatro militares estuvieron entre los seis más brillantes de la promoción General José Trinidad Morán de 1990. Barroso y Osorio ¬ambos participaron en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992¬ son los más conocidos: uno por haber sido entre 2006 y 2013 el más poderoso funcionario de la principal instancia del control cambiario en Venezuela y el otro por haber ocupado una posición clave en la ejecución de las millonarias políticas de importaciones de alimentos no sólo como ministro del área y presidente de Mercal, sino también como titular de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA. Arias Delgado y Escalante Pérez tuvieron un perfil público menos visible. El primero, de origen panameño y naturalizado venezolano, hizo carrera como gerente público en Bolívar, donde organizó el servicio de seguridad 171 durante la gestión de Francisco Rangel Gómez, gobernador de la entidad por el PSUV y ex presidente de la Corporación Venezolana de Guayana.

Escalante Pérez, otro de los insurrectos de hace 20 años, trabajó en comisión de servicio en Pdvsa y luego en Cadivi: entre sus responsabilidades en la última institución estuvo apoyar acciones jurídicas contra compañías por obtención y uso inadecuado de divisas. Una frase puede resumir la parábola del militar: cuando se hizo empresario saltó del mundo de los fiscalizadores al de los posibles fiscalizados.

El tema sobre cómo el gobierno administró las divisas en la última década se ha convertido en un asunto caliente: los sistemas de control cambiario implantados en Venezuela no impidieron que se esfumaran por lo menos entre 25 millardos y 30 millardos de dólares ¬según lo han admitido voceros oficiales como Jorge Giordani, ex ministro de Planificación, y Edmée Betancourt, ex presidenta del Banco Central de Venezuela¬, entregados en su mayoría a empresas de maletín. Para muchos el fraude ha sido el mayor caso de corrupción de la historia republicana y las pérdidas se tradujeron en la acumulación de deudas millonarias con sectores enteros de la economía y en la generación de desabastecimiento asociados a las fallas de las importaciones de las que el país es dependiente como nunca antes. Los focos de las averiguaciones ¬si se juzga por el discurso público de las autoridades¬ no han sido puestos sobre militares como Barroso u Osorio y su papel en la aprobación de divisas. Hace una semana, el Centro Nacional de Comercio Exterior, ¬instancia que reemplazó a Cadivi¬ divulgó una lista para citar a los representantes de más de 1.100 empresas a explicar cómo usaron las divisas recibidas entre 2012 y 2014.

Mellizas clave

Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres no formaron parte de esa  lista. Ambas fueron constituidas en Valencia, Carabobo, el 16 de junio y el 2 de diciembre de 2010, respectivamente, de acuerdo con sus expedientes mercantiles. Una se dedicaría principalmente a la importación y comercialización de alimentos y maquinaria agrícola. La otra a la compra y venta de medicamentos y equipos médicos. Ambas comenzaron con capitales de 200.000 y 500.000 bolívares. Arias Delgado las creó junto con 2 hermanos y empresarios carabobeños que entonces tenían 31 y 34 años de edad: Paúl Miguel Ortega González, -quien mantuvo 50% de las acciones de la primera-, y Miguel Ángel Ortega González, -que se quedó con la mitad de la propiedad de la segunda-.

Los socios del teniente coronel retirado eran conocidos por sus actividades en Bolívar: el menor de los Ortega González era copropietario y vicepresidente de una firma denominada Credilab, que ofrecía las tarjetas de ticket alimentación a los trabajadores de la gobernación del referido estado. El accionista principal de esa compañía era Yamal Mustafá, empresario que el año pasado fue detenido por su vinculación con mafias de contrabando de hierro que afectaban a la estatal Ferrominera del Orinoco y quien además había sido señalado de manejar un grupo de compañías que habían concentrado las contrataciones del Ejecutivo bolivarense durante el mandato de Rangel Gómez, que comenzó en 2004 y aún sigue después de su segunda reelección de 2012. Mustafá está preso a la espera del juicio que solicitó la Fiscalía en su contra y sus bienes fueron objeto de medidas de aseguramiento.

El coronel retirado Escalante Pérez apareció después en la escena cuando compró, en noviembre de 2012, 27% de las acciones de Fármacos Venenceres. Al cabo de un mes el capital social fue incrementado a 4 millones de bolívares a cargo de las cuentas por pagar a los socios. Casi un año más tarde, -en octubre de 2013,- todos vendieron la compañía a otro empresario: Héctor Luis Monsalve, entonces de 32 años de edad.

Una contradicción en la información pública genera dudas sobre la participación del ex vicepresidente de Cadivi en Alimentos Venenceres: una ficha actualizada de la empresa en el Registro Nacional de Contratistas lo identifica como uno de los accionistas y como gerente general de la firma. Su nombre, sin embargo, no aparece mencionado en el expediente que reposa en los registros mercantiles de Valencia. Como gerente de la importadora de alimentos sí se menciona a otro de los Ortega González: Miguel Arturo.

Expediente cambiario

La trayectoria de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres ante Cadivi se puede reconstruir a partir de la última lista de beneficiarios publicada hace 2 años por el eliminado organismo. A la primera compañía le aprobaron en 2011 poco más de 213.000 dólares, pero al año siguiente las asignaciones aumentaron en más de 8.000%  hasta alcanzar el pico de 17,6 millones de dólares. La empresa no tuvo actividad alguna en su primer semestre de existencia, según revelan sus balances. La segunda de las firmas nunca había recibido un centavo hasta 2012. Como ella, otras 556 compañías obtuvieron por primera vez autorizaciones del organismo público ese año. La empresa de Arias Delgado, a diferencia de las demás, se situó entre las 20 a las que se le destinó mayor cantidad de dinero. Una información consta en su expediente: Fármacos Venenceres no reportó ni una sola venta desde su creación ni tampoco a lo largo del año cuando le asignaron 5,9 millones de dólares.

Ambas firmas hubieran tenido limitaciones para acceder hoy al Sistema de Complementario de Administración de Divisas I, Sicad I, que exige a las solicitantes existencia mínima de 2 años: Alimentos Venenceres no hubiese podido comenzar a gestionar las asignaciones sino a partir del primer semestre de 2012 y su melliza hubiera podido solo a finales de ese año. El requisito sobre la antigüedad forma parte de las regulaciones con las que el gobierno ha intentado atenuar la corrupción en los esquemas de control cambiario. Para la época además los empresarios contaban con otras fórmulas para obtener divisas como el mecanismo de compensación regional Sucre, que permitía hacer negocios con países como Ecuador. También había quien tenía músculo financiero propio para abordar operaciones con divisas.

Sedes esquivas

La página web de Alimentos Venenceres está fuera de servicio. En consultas previas se pudo constatar que la empresa aseguraba poseer “oficinas en todo el país”.  Ubicar su sede principal, sin embargo, resulta difícil. El domicilio de la compañía desde su fundación hasta el presente ha sido el mismo de acuerdo con su expediente mercantil: la oficina 2-16 del segundo nivel del Centro Comercial Otama, localizado en la urbanización El Viñedo, una zona residencial y comercial acomodada de la capital carabobeña. En el documento constitutivo de Fármacos Venenceres se indica que la sede original quedaba exactamente en ese mismo local, aunque en noviembre de 2012 se mencionó una mudanza de apenas metros de distancia: al local vecino identificado como 2-17. La visita que se realizó el miércoles a esos inmuebles es reveladora. La puerta del primero se encuentra cerrada y a través de una ranura se pudo observar el interior: lucía como un lugar vacío. Ningún letrero en el exterior identificaba la importadora.

La segunda oficina tampoco tiene identificación comercial. Estaba abierta, pero daba una impresión diferente: se encuentra en proceso de remodelación.

Hay trabajadores que se dedican a la instalación de cableado eléctrico y de lozas en el piso y pareciera que el proyecto en marcha es unir los dos locales. Los nombres de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres no resultaron familiares para el personal de construcción, pero tampoco para los vigilantes del edificio. “No conocemos esas empresas”, respondieron cuando se les consultó. Uno de los encargados de las obras aclaró que ambos inmuebles pertenecen, en realidad, a una firma llamada Omega Capital.

La consulta del expediente mercantil de esa compañía permitió confirmar que fue constituida en Valencia en noviembre de 2010 y que sus responsables declararon que la sede se encuentra en la oficina 2-16. Es decir: en el mismo lugar de Alimentos Venenceres y donde operó en principio Fármacos Venenceres. Un dato no puede pasar inadvertido: entre los propósitos de Omega Capital está la administración de sistemas de compensación alimentaria a través de tarjetas electrónicas, tal como lo hacía la empresa Credilab, de los hermanos Ortega González. Omega Capital reformó sus estatutos poco después para incluir la posibilidad de realizar operaciones ante otra instancia del control cambiario: el Sistema de Transacciones de Títulos de Moneda Extranjera, Sitme, eliminado porque el gobierno consideró que se trataba de otro desaguadero para empresas de maletín. La compañía funciona temporalmente en otro local del Centro Comercial Otama: hasta allí se llegó esta semana para ubicar a su presidente, Juan Carlos Palmegiani. No se pudo localizar.

La venta de Fármacos Venenceres en diciembre de 2013 estuvo acompañada por un cambio de sede al local P4-L18 Centro Comercial Mediterranean Plaza. Se le visitó, pero igualmente estaba cerrado, sin personal y en obras de refacción. Un cartel pegado en las puertas de vidrio aumenta la confusión, porque refiere a la otra compañía. Dice así: “Alimentos  Venenceres. Cerrado por remodelación”.

Las transacciones

Hotel Tasca Restaurant Don Gabriel, Abastos Mi Estación y Servicios y Suministros Aragua. Esa es la lista de clientes que fueron atendidos por Alimentos Venenceres en 2011, de acuerdo con su ficha en el Registro Nacional de Contratistas. La base de datos oficial muestra la información del salto que más tarde dio la importadora cuando obtuvo los contratos de venta de atún marca Gustamar -en presentación de 170 gramos- para Mercal. La compañía del coronel Arias Delgado apenas había modificado su objeto social en marzo de 2011 para incluir entre sus actividades la siguiente: “La compra, venta, importación, exportación y comercialización en materia pesquera y acuícola”.

Eso no le impidió obtener pocos meses después la confianza de la red gubernamental, que lo escogió como intermediario en el despacho de los productos pesqueros de otra empresa privada: Asiservy, la cual tiene sede en Manta, Ecuador, y es una de las 10 mayores exportadoras atuneras en ese país. Un informe elaborado por la sociedad mercantil ecuatoriana el año pasado, con motivo de una emisión de acciones, refleja la envergadura de los negocios. Se menciona a Alimentos Venenceres como un comprador que hizo “pedidos fuertes” de atún en conserva por 2,5 millones de dólares: “El cliente incrementó el inventario durante el primer trimestre de 2012 equivalente a más de un año de ventas”.

Import Genius, una de las mayores bases de datos globales sobre comercio internacional, posee información clave acerca de adquisiciones hechas  por empresas venezolanas en el exterior. Sobre Alimentos Venenceres indica que recibió entre febrero y mayo de ese año en Puerto Cabello por lo menos 659 toneladas netas de atún procedentes de Ecuador por un precio aproximado de 4,8 millones de dólares sin incluir seguros ni fletes. Los cálculos basados en esos datos indican que cada kilogramo neto costó cerca de 7,3 dólares. Además de Cadivi, los empresarios pudieron acudir al Sucre o recursos propios para la negociación: el viento les sopló a favor en un mercado en el que, según expertos, no es sencillo obtener licencias si se es principiante.

El negocio de las compras de atún de Ecuador para Venezuela es millonario. De ese país procede más de 90% de las importaciones del producto: las adquisiciones escalaron a un promedio anual de 106 millones de dólares y 19.000 toneladas entre 2004 y 2013, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Asiservy y otras compañías dedicadas a la exportación atunera fueron visitadas en Manta en mayo de 2012 por una comisión oficial venezolana entre cuyos integrantes se encontraban el coronel Heber Aguilar, entonces vicepresidente de Producción y Distribución de Pdval, y el mayor Andrés Morfe, para la época director de Comercialización y Logística de CASA. El Ministerio de Alimentación, según documentos oficiales, admitió que ese año procuró estimular las compras con el uso del Sucre, pero no precisó en qué volumen.

Negocios de peso

Más allá de los contratos para atún ecuatoriano, el fuerte de Alimentos Venenceres fue la adquisición de implementos agrícolas. La firma, según Import Genius, informó en las aduanas venezolanas sobre importaciones de por lo menos 18 millones dólares y 452 toneladas netas en 10 aranceles relacionados con ese tipo de bienes: más de 85% se concentró en 5 de esos códigos que incluyeron sistemas de riego, aparatos portátiles para agricultura, gradas de discos ¬que se emplean para preparar la tierra para la siembra¬ y máquinas para preparar alimentos para animales y de otros tipos. Las compras mayoritariamente procedían de China y Panamá y entraron al país por Puerto Cabello.

El catálogo en línea de la empresa mostraba, entre otros, productos como segadores Bush Hog y rastras Tuf Line. No se dejaba claro, sin embargo, cuáles eran los clientes a los que se había servido: tampoco esa información se señala en la ficha del Registro Nacional de Contratistas, que sólo refiere a los contratos para la venta del atún a Mercal.

Una comparación entre los datos disponibles en Import Genius y el INE sobre precios FOB ¬sin fletes ni seguros¬ puede dar una idea de la escala de las operaciones de Alimentos Venenceres. El país importó un total de 33,2 millones de dólares en sistemas de riego en 2012 y la empresa manifestó haber hecho adquisiciones por 3,9 millones de dólares. Es decir: más de 10% del total de las compras nacionales, que para ese año cayeron a prácticamente la mitad de lo adquirido en 2011. Una proporción semejante se obtiene cuando se analiza el arancel de gradas de discos. A territorio venezolano ingresaron 18,1 millones de dólares hace 2 años y la empresa declaró compras por 1,8 millones de dólares: otra vez un aproximado a la décima parte.

En el caso de los equipos portátiles de agricultura, la participación fue incluso mayor: a toda Venezuela se despacharon 16,9 millones de dólares y la firma aseguró que sus cargas tenían un valor cercano a 3,2 millones de dólares, lo que representa 20% del total. En las categorías de máquinas para elaborar alimentos para animales y de otros tipos, la importadora refrendó la compra de más de 3,7 millones de dólares y 2,2 millones de dólares, respectivamente: fueron montos equivalentes a 6% y 5% de las importaciones venezolanas. El surgimiento de nuevas empresas dedicadas al negocio de las maquinarias e implementos para las labores del campo no se tradujo, sin embargo, en mejoras duraderas para los productores. Voceros gremiales se han quejado en repetidas ocasiones de que el mercado está gravemente desabastecido y que incluso tienen que reciclar partes y piezas para poder operar: el resultado son las dificultades para producir en el campo los alimentos que demanda el país.

Cuestión de salud

Cuando se escribe el nombre de Fármacos Veneceres en los buscadores de Internet, no es posible hallar una página web de la compañía. No hay datos en línea sobre sus clientes ni sobre la naturaleza de sus actividades. Tampoco aparece la firma cuando se consulta el Registro Nacional de Contratistas, en el cual deben estar inscritas todas las sociedades mercantiles que pretendan hacer negocios con órganos del Estado.

Su nombre sugiere que se trata de una corporación farmacéutica, pero en realidad funcionó durante 2012 como una importadora de equipos médicos.

Import Genius indica que la empresa declaró importaciones de por lo menos 9,8 millones de dólares a precios FOB: 6,1 millones de dólares correspondieron al código arancelario de aparatos de exploración con ultrasonido o para realizar ecografías. Un punto permite la comparación con su melliza de alimentos: las importaciones nacionales de ese tipo de equipos fueron de 56 millones de dólares. En otras palabras: la compañía manifestó que había adquirido un monto que es equivalente a más de  10% de las compras del país, según se desprende de la base de datos comercial.

Las otras importaciones fueron realizadas en aranceles correspondientes a equipos denominados electrocardiógrafos, electromédicos, aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos y a una última categoría genérica que se denomina “Los demás”. Una aparente contradicción entre los estados de situación  patrimonial y de resultados de la compañía de finales de 2012 puede advertirse si se revisa el expediente mercantil: en el primero se señala un inventario de mercancía de casi 38 millones de bolívares, pero en el segundo se señala que no hay mercancía disponible, a pesar de que tampoco se reportaron ventas que pudiesen agotar los inventarios. Muchos pacientes con necesidades podrán también preguntar qué pasó.

El cuestionario

Un cuestionario de 13 preguntas fue remitido a la abogada Mary Herrera, quien se identificó en una llamada telefónica como representante jurídica y asesora tributaria y aduanera de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres.

A través de ella se intentó hacer contacto directo con los antiguos y actuales accionistas de las firmas, pero no fue posible lograrlo. La profesional explicó que todos estaban fuera del país o que eran de difícil localización y que estaba facultada para asumir la vocería. Declinó la oferta de una entrevista telefónica y envió el viernes su dirección de correo electrónico para que se le hicieran llegar las inquietudes periodísticas. Así se hizo, pero, para el cierre de la edición impresa, no se había obtenido respuesta.

¿Cuáles fueron las cantidades de alimentos, implementos agrícolas y equipos médicos importados por las compañías? ¿Se usaron dólares preferenciales para las compras de atún ecuatoriano que después fue vendido a Mercal? ¿Cuáles son los otros clientes de las firmas a los que se han vendido los bienes importados con divisas entregadas por el gobierno? ¿Las relaciones de los accionistas con autoridades gubernamentales ayudaron a facilitar las gestiones ante los órganos oficiales? Herrera, antes de solicitar el cuestionario, solo había adelantado que contenedores de la compañía, con productos adquiridos con y sin dólares Cadivi, fueron inspeccionados por el gobierno y motivaron una actuación administrativa ante la cual habían apelado. Dijo además que Alimentos Venenceres tenía nuevo propietario, aunque no se localizó rastro de ninguna transacción en el registro mercantil ni en la ficha del Registro Nacional de Contratistas. Tampoco pudo precisar cuándo ocurrió la venta.

Al general Félix Osorio, quien fue reemplazado hace un mes de su cargo como ministro de Alimentación, se le enviaron cuatro mensajes esta semana a su teléfono personal y su correo electrónico. No se recibieron respuestas. A la esposa del coronel Manuel Barroso se le hizo llegar el miércoles una solicitud de entrevista para su esposo, la cual tampoco fue contestada para el cierre de la edición impresa en la que se publicó este trabajo. Las puertas para todos siguen abiertas.

Conexión con las Islas Vírgenes

Interpromotions Ltd y Solutions B & C Ltd son dos compañías que registró el empresario carabobeño Paul Miguel Ortega González en uno de los mayores paraísos fiscales del Caribe: las Islas Vírgenes Británicas. Los nombres de las empresas son citados en una gran base de datos que construyó el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) en 2013, gracias a una filtración de información que fue 160 veces más grande que la de Wikileaks.

La organización lideró un conjunto de investigaciones a las que denominó “Off Shore Leaks” y que incluyeron un análisis de 2,5 millones de documentos, entre ellos 130.000 registros referidos a compañías que operan en paraísos fiscales y sus clientes desplegados en 140 países.

El nombre de Ortega González -de acuerdo con la base de datos de la organización periodística- es mencionado como director y accionista de Interpromotions para 2003 y como socio de Solutions B & C Ltd para 2004, aunque no se aclara si todavía está vinculado con ellas. Ambas tienen sede en Road Town y fueron creadas en Tórtola. Los datos filtrados indican que las dos sociedades fueron constituidas con los servicios de Portcullis Trustnet, consultora de asesoría financiera. Expertos aseguraron que, en realidad, se especializa en ofrecer empresas para los extranjeros, de manera expedita y confidencial. El servicio consiste en hacerlos propietarios de firmas constituidas y prestas para la venta a las que comúnmente denominan “shell-companies” o empresas-fachada: “Se usan para disimular capitales que se envían a ellas o para ahorrar impuestos gracias a las facilidades que dan las autoridades”.

Ortega González se integró en 2007 como socio de la compañía Credilab, cuyo accionista mayoritario era Yamal Mustafá, empresario acusado por la Fiscalía de ser cooperador inmediato en los delitos de peculado doloso, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión de Radwan Sabbagh, ex presidente de Ferrominera del Orinoco también procesado por la venta ilegal de hierro. El carabobeño también figura como socio de la empresa Alimentos Venenceres, cuya propiedad comparte con el teniente coronel retirado Carlos Arias Delgado, quien fue compañero de promoción de Manuel Barroso, antiguo presidente de Cadivi, y del general Félix Osorio, presidente de Mercal. La firma, creada en junio de 2010, recibió más de 17 millones de dólares preferenciales en 2012 y contratos para la venta de atún para la red gubernamental de alimentos.

La investigación realizada por ICIJ -con el concurso de las periodistas Emilia Díaz y Marina Walter- arrojó que los venezolanos destacaban como depositantes o representantes de empresas con sede en paraísos fiscales: al menos 192 personas y 114 compañías figuraban en jurisdicciones “off shore”, especialmente en las Islas Vírgenes. El trabajo periodístico verificó que han existido casos investigados en Venezuela en los que se utilizaron empresas registradas en Portcullis Trustnet para resguardar los dineros. Uno es el conocido como “La Vuelta”, un esquema de fraude financiero (pirámide) contra 500 personas, dirigido por Samuel Maya en Maracaibo a través de la empresa Auto Leasing en 2005. La compañía captaba dólares -con retorno de 20% a 30%- y luego redirigía el dinero a la empresa Polaris Consulting Management.

Enlace permanente de imagen incrustada■ Entre los funcionarios que podrían ser sancionados por EEUU se destacan la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz o el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Washington.- El Senado estadounidense evalúa una lista de 28 funcionarios venezolanos incursos en la supuesta violación de Derechos Humanos desde que iniciaron las protestas el pasado 12 de febrero. En la lista destacan personajes como la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz o el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el ministro de Justicia, Miguel Rodríguez Torres, así como los militares que encabezan las direcciones regionales del cuerpo castrense.

Diversas redes de poder se tejen a lo largo de esta lista, pues las diversas facciones se disputan el poder en Venezuela.

A continuación la lista de los funcionarios venezolanos evaluados por el Senado estadounidense para ser objetos de sanciones por su presunta vinculación en la violación de Derechos Humanos.

1. Aref Eduardo Richany Jiménez: Ex jefe de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Fue director externo de Pdvsa hasta que el ex presidente Hugo Chávez lo destituyó. Richany presidía Cavim cuando una explosión en el depósito de la empresa en 2011 dejó un fallecido.

2. Julio César Morales Prieto: Fue presidente de Cavim desde septiembre de 2011 hasta noviembre de 2013. Recientemente fue ascendido por el presidente Nicolás Maduro a General de Brigada. Ha sido señalado de presuntos casos de corrupción en Cavim, ligado a la firma de pagos con sobrefacturación.

3. Hugo Carvajal: Ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Ocupó el puesto 59 de la promoción de 1981. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU supuestamente por colaborar con el narcotráfico de las FARC y fue designado cónsul general de Aruba.

4. Iván Hernández Dala: Jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DIM). Egresó de la Academia Militar en 1988. Su puesto en la promoción fue el 29. Sin embargo, ascendió en el cuarto lugar.

5. Luisa Ortega Diaz: Fiscal General de la República (2007-2014). Está casada con Germán Ferrer, diputado suplente a la Asamblea Nacional (AN). Su hermano es Humberto Ortega Díaz, quien participó junto a Hugo Chávez en el golpe de estado del 4 de febrero de 1992 y se desempeñó en diferentes cargos, incluyendo el directorio de la extinta Cadivi.

6. Luis Alberto Arrayago: Coronel Jefe del Comando Regional 8 de la Guardia Nacional, el cual opera en Puerto Ordaz, estado Bolívar. También fue Director General de la Policía del estado Monagas.

7. Miguel Vivas Landino: Jefe de la Región de Defensa Integral (Redi) Los Andes. Fue Comandante de la Guardia del Pueblo en Caracas y Miranda. Es General de División y se desempeñó como jefe de Operaciones de la GNB.

8. Francisco Rangel Gómez: Gobernador del estado Bolívar (2008-2012 / 2012-2016). Forma parte del equipo de gobierno desde 1999 cuando lo nombraron Ministro de la Secretaría de la Presidencia de 1999 al 2000 y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana de 2001 a 2004.

9. Alexis Ramírez: Gobernador del estado Mérida (2012-2016). Es geógrafo y fue diputado a la Asamblea Nacional (2010-2012). Se le acusa de financiar grupos armados que mantenían secuestradas las residencias estudiantiles “Dr. Domingo Salazar y “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes.

10. Jose Gregorio Vielma Mora: Gobernador del estado Táchira (2012-2016). Es militar retirado y fue compañero de promoción de importantes dirigentes gubernamentales como Diosdado Cabello, Jesse Chacón y Eliécer Otaiza, que participaron en el golpe de Estado de 1992.

11. Henry Rangel Silva: Gobernador del estado Trujillo (2012-2016). Fue Ministro de Defensa, a pesar de ocupar el puesto 26 de su promoción, en la que se graduó con Miguel Rodríguez Torres. Fue acusado de estar implicado en el caso de la valija de Guido Antonini Wilson y de apoyo material a las FARC.

12. Aquiles Rojas Patiño: Comandante de regimiento de la Guardia del Pueblo en Carabobo. Ha dirigido diversos discursos a favor de los cuerpos de seguridad del Estado.

13. Justo Jose Noguera Pietri: Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que ha sido administrada por militares y también fue Presidente de la Comisión de la Sala de Seguimiento y Control de las empresas básicas.

14. Sergio Rivero Marcano: Comandante nacional de la Guardia del Pueblo. Lo han vinculado con el caso de la “masacre del Barrio Kennedy”, en Caracas, un sonado caso de exceso policial ocurrido en 2005, que luego quiso presentarse como un enfrentamiento entre delincuentes y policías.

15. Antonio Benavides Torres: Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana. Se le ha acusado de estar involucrado con la cocaína encontrada en un avión de Air France. Se hizo conocido cuando ordenó con un parlante lanzar bombas lacrimógenas contra una manifestación opositora.

16. Franklin García Duque: Jefe del Comando Regional 1 de la Guardia Nacional. Fue Director General del Despacho del Ministerio de Defensa y recientemente acusado por la oposición de dirigir las agresiones contra estudiantes en el estado Mérida.

17. Arquímedes Herrera Ruso: Jefe del Comando Regional 2 de la Guardia Nacional. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Carabobo y jefe de la Misión a Toda Vida Venezuela. Está acusado de violar con un fusil y torturar al estudiante Andrés Rincón.

18. Manuel José Graterol Colmenares: Jefe del Comando Regional 3 de la Guardia Nacional. Es experto en operaciones especiales y está radicado en Zulia. Hace unos días fue nombrado responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada.

19. Octavio Chacón: Jefe del Comando Regional 4 de la Guardia Nacional. A pesar de que el cuerpo castrense no puede ser partidista ha declarado su lealtad al presidente Nicolás Maduro

20. Manuel Quevedo: Jefe del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional. Es General de Brigada, supuestamente vinculado al ex vicepresidente José Vicente Rangel. Se perfila como futuro comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.

21. Gustavo Colmenares: Vicealmirante. Jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) Mérida. Hombre de confianza del gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez (PSUV) y de anular las manifestaciones estudiantiles en la entidad.

22. Miguel Rodríguez Torres: Ministro de Interior Justicia y Paz (MIJ). Se graduó de la Academia Militar con el general (r), Lucas Rincón y Antonio Rivero. Está casado con Zuleima Medina. Lo han vinculado con la guerrilla colombiana, pues lo mencionan los correos del comandante Raúl Reyes.

23. Marcos Rojas Figueroa: General de División de la Guardia Nacional. Actual viceministro de Seguridad Ciudadana del MIJ. En 2012, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, lo designó director de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional.

24. Herbert García: Plaza Jefe del Órgano Superior de la Economía y ministro de Transporte Acuático y Aéreo. Supuestamente pertenece a la facción de Jorge Giordani (radical) dentro del Gobierno, donde también están Miguel Rodríguez Torres y Elías Jaua.

25. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Fue vicepresidente del Instituto Nacional del Tránsito Terrestre. Fue General del Ejército y está vinculado con Miguel Rodríguez Torres.

26 Manuel Gregorio Bernal Martínez: Hombre de confianza de Miguel Rodríguez Torres. Fue promovido como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), pero destituido al mes por “desobedecer una orden directa” de “acuartelamiento” durante la marcha del 12 de febrero que terminó con un estudiante muerto. Un funcionario del Sebin fue imputado por este hecho.

27. Gustavo Enrique González López: Director actual del servicio de inteligencia (Sebin). Compartió aulas con Henry Rangel Silva y el ex director de la Disip (2001-2002), Carlos Aguilera. Ocupó varios cargos en la gobernación de Miranda, cuando Diosdado Cabello fue su titular. Se dice que González es una de sus fichas.

28. Diosdado Cabello: El número dos del chavismo es presidente de la Asamblea Nacional. Se ha rotado en varios ministerios y durante el golpe de Estado del 2002 incluso tuvo la Presidencia de la República durante unas horas. Ha sido mencionado en diversos casos de corrupción. Tiene dos hijos con su esposa Marleny Contreras, quien también es diputada a la AN. Su hermano es José David Cabello, a cargo del Cencoex, organismo heredero de Cadivi.

¡LES LLEGÓ LA ESCASEZ! Régimen cierra más de 80 bodegas de Mercal en CaraboboVoceros comunales de varios sectores del municipio Juan José Mora en Carabobo denunciaron, este jueves, una decisión inconsulta del Ejecutivo nacional, que deja sin el beneficio de las bodegas Mercal, a 84 comunidades en la jurisdicción. Los comuneros del eje costero alertaron que se trata de una medida de carácter nacional.

Mercedes Cabrera, vocera de alimentación del consejo comunal Santa Ana y miembro activo de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), destacó que en Mora solo los sectores La Paragüita y Los Olivos, según el Gobierno los menos favorecidos, continuarán beneficiándose del programa de venta de alimentos a precios regulados y subsidiados.

Ante un escenario económico como el que enfrentamos los litoralenses, en los que mil bolívares no alcanzan para comprar los alimentos necesarios en el hogar, una medida como ésta solo nos arrastra a una segura pobreza. No se metan con la comida del pueblo, exigió la vocera comunal.

Los denunciantes aclararon que no objetan la actividad de las Bodegas Mercal en los conglomerados urbanos donde continuará la venta de alimentos. Pero advirtieron al unísono que no permitirán que se les coarte un derecho adquirido por Decreto Presidencial, discriminatorio, que deja por fuera del programa de alimentación al resto de las comunidades morenses.

En asamblea de ciudadanos, los representantes comunales de los sectores afectados, acusaron a Nicolás Maduro de arrebatarles los beneficios creados por el fallecido Presidente Hugo Chávez para beneficiar a la población de menos recursos. “Chávez nos quería sacar de la pobreza, pero Maduro con su cartera de Ministros nos quieren matar de hambre”, irrumpió una de las voceras presentes en el encuentro.

Hacia el Gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, también apuntaron los señalamientos de los comuneros, quienes le acusaron de ser cómplice del plan antisocialista e irrespetuoso hacia el pensamiento y legado de Chávez.

Como parte de las acciones, el próximo martes 29, una comisión designada por la vocería comunal acudirá al Palacio de Miraflores para manifestar su descontento ante el despacho de la Presidencia de la República. De ser atendidos, exigirán la presencia del ministro de Alimentación y Misión Mercal, el general Hebert García Plaza

Fuente: El Carabobeño

Caracas, 26 de julio de 2014.- El pasado viernes fue inaugurada una oficina de la fuerza de seguridad internacional Interpol en Carabobo, esta es la primera del país y de una serie de 12 destacamentos que serán instalados en todo el territorio nacional.

Esta oficina estará a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), esto según los acuerdos multilaterales que tiene Venezuela con otros 190 países en los cuales también se emplea este sistema. Las otras bases serán instaladas próximamente en los estados  Zulia, Falcón, Trujillo, Lara, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, hasta cubrir el territorio nacional, principalmente las zonas fronterizas.

La locación escogida  para esta sede es la Quinta “Divino  Rostro”, ubicada en la avenida Río Orinoco. José Gregorio Sierralta, director nacional del CICPC, informó que la función de esta unidad será la búsqueda de fugitivos nacionales y extranjeros solicitados por tribunales internacionales.

SGPF

El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar DIM, capturado en Aruba, le habría entregado armas a esa guerrilla.

Para la inteligencia militar colombiana no son nuevas las informaciones que vinculan a las Farc con el general venezolano Hugo Carvajal, capturado el pasado jueves en Aruba, a donde había llegado para ejercer como cónsul, y solicitado en extradición por EEUU.
En los computadores del abatido alias “Raúl Reyes” fueron encontrados varios documentos firmados por miembros del secretariado, entre ellos los hoy negociadores de las Farc en La Habana, alias Iván Márquez y Rodrigo Granda, el llamado canciller.
Para EEUU el general Carvajal colaboró con la guerrilla colombiana en sus negocios de tráfico de drogas.
El 4 de enero del 2007 ‘Márquez’ le envió un correo electrónico a ‘Raúl Reyes’ y otros miembros del secretariado, en el escribió:
“Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal, con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo -Rodrigo Granda-. Hablamos del Plan Patriota, canje, la ‘para-política’ y de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras”.
“Entretanto nos van a hacer llegar (la próxima semana) 20 bazucas (no recuerdo el calibre) de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo – refiríendose al hoycabecilla de las Farc Timoleón Jiménez y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor”.
Dos semana después, el 20 de enero, en un correo dirigido al entonces máximo cabecilla de las Farc ‘alias Manuel Marulanda o Tirofijo’ escribió:
 “Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., dos tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos”.
Tres años antes, junio de 2004, Rodrigo Granda le había manifestado a Reyes que el general Carvajal, quien para esa época aspiraba manejar las relaciones entre Caracas y las farc, estaba preocupado de que se filtraran las reuniones que tenían con Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores.
Según otro correo, tres meses después Rodrigo Granda le informó a Raúl Reyes sobre la reunión que tuvo con el general Carvajal, en la que el tema de discusión fue un ataque en el estado Apure donde murieron 7 militares venezolanos, hecho que según los residentes en la zona habrían protagonizado las Farc y que la guerrilla siempre negó.

vicente-brito-nueva

“Cuando analizamos la situación del desempleo y la informalidad, las cifras son alarmantes ya que superan más del 60% del total de la fuerza laboral en el país”, afirma el presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, Vicente Brito.

Calificamos como trabajadores informales a quienes ejercen actividades laborales de manera eventual, contratados o la economía de calle (buhoneros) .No reciben ningún tipo de beneficios laborales como prestaciones sociales. El promedio nacional es de un 53% del total de la fuerza laboral.

Desempleados a quienes no tienen ningún tipo de actividad laboral o ingreso salarial. El promedio nacional se acerca al 10%, pero en los más jóvenes supera el 18%, siendo un grave problema social, que reclama atención inmediata.

Foto El Tiempo

Nos permitimos analizar las cifras por las distintas regiones del país:

En los estados Miranda, Aragua, Carabobo y zona Metropolitana, es la región central donde los índices son menores. Las cifras nos indican que el desempleo es un 9% y la informalidad un 50%, es la zona del país donde hay mayor inversión pública y todavía se sostiene parte de la actividad privada.

Las regiones de los llanos y los andes son los estados donde la situación es crítica, por la caída de la economía y la disminución de la inversión privada. En ellos su actividad principal es la agropecuaria, la cual ha disminuido hasta en un 40%; las otras actividades productivas y comerciales también están reducidas. El desempleo alcanza hasta un 12% y la informalidad el 55%.

Las regiones de Occidente y Oriente, donde existe la mayor actividad petrolera del país, están sostenidos por los sectores de servicio, industrial y comercial. A pesar de la disminución de la actividad agropecuaria y agroindustrial a menos de la mitad. Estimamos la informalidad en 52% y el desempleo en 10%.

En la región Guayana, la caída de la minería, la situación de los conglomerados del acero y aluminio y la disminución de la actividad agropecuaria, han tenido su efecto en la caída del empleo. Estimamos en 11% el desempleo y la informalidad en 54%, siendo la región del país con una mayor disminución en los índices sociales en los últimos 7 años.

Estas cifras nos indican una reducción del empleo formal del país. El cual es apenas del 38%, de una masa laboral aproximada de 14 millones de venezolanos. Estimamos que apenas unos cinco millones trescientos mil trabajadores tienen empleo estable. Un millón cuatrocientos mil están desempleados y siete millones trescientos mil son informales. Lo cual nos ubica dentro los 40 países del mundo con mayor informalidad y desempleo, así como menor empleo formal.